Como lo anunció el recientemente asumido superministro Sergio Massa, el gobierno nacional avanza hacia la auditoría de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, en medio del cierre del acceso a los programas sociales y la profundización del ajuste sobre el gasto social. La medida está pensada para debilitar a las organizaciones piqueteras y reforzar a los punteros del Estado, como lo reclamó la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La auditoría había sido anunciada previamente por el ministro de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien señaló que la misma estaría a cargo de las universidades nacionales y constaría de un cuestionario –extenso- para determinar el “cumplimiento” de los requerimientos del programa social, particularmente la contraprestación “laboral”, y recibir denuncias sobre supuestas irregularidades.

Ahora, el ministro Zabaleta convoca a los intendentes de las jurisdicciones con más cantidad de programas sociales para “coordinar los operativos” de la auditoría: es decir que las intendencias serán parte del proceso de “auditoría”, a pesar de que son responsables de la gestión de miles de programas sociales. Se trata de una extorsión contra desocupados y precarizados, para forzar los pases bajo la tutela del Estado y sus punteros.

Esta situación ya fue advertida por distintas organizaciones sociales y piqueteras en distintos distritos, donde el municipio sale a recorrer los barrios, puerta por puerta, y/o convoca a los beneficiarios de los programas sociales por medios de mensajes de texto con información falsa, para lograr el pase a las intendencias.

Massa vino a profundizar el ajuste

En la conferencia de prensa donde Massa enumeró sus primeras medidas como ministro, la alusión a la auditoría de los programas sociales no dejó lugar a dudas de que se trata de un mecanismo para la supresión y reducción masiva de beneficiarios. El gobierno busca seguir recortando por el lado de los que menos tienen, para seguir garantizándole el pago al FMI.

La Unidad Piquetera refrendó la continuidad de un plan de lucha contra la crisis social y el hambre y pidió una reunión al nuevo ministro, como lo hicieran con Silvina Batakis, para presentarle una serie de medidas urgentes para atender la crisis de los trabajadores desocupados y precarizados: trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, bono de $20.000, salario mínimo de $105.000.

Ahora anunciaron una movilización para este miércoles 10 a Plaza de Mayo, donde hablan de una permanencia, con los reclamos del movimiento de desocupados combativo e independiente, y contra el ajuste. Una jornada que  avanza en el plan de lucha piquetero para derrotar la ofensiva antiobrera del gobierno y el FMI.

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