Con la presentación del proyecto de Presupuesto 2023 algunos medios salieron a difundir que el gobierno estaría aumentado las partidas sociales por arriba de la inflación proyectada y a contramarcha del ajuste fondomonetarista emprendido. Se trata de una nueva operación contra el movimiento de desocupados, tras una contabilidad creativa que esconde el ajuste en curso.

Estos medios señalan que el proyecto de Presupuesto 2023 incorpora un aumento del 160% para los programas sociales, respecto a las “previsiones de 2022”, mientras que en las políticas alimentarias el aumento sería del 78%. Esto promedia una suba para el sector de 117,2%, casi duplicando la previsión inflacionaria del proyecto del 60%.

Pero el dato surge de la comparación con las primeras previsiones presupuestarias para el 2022, que casi no se distinguen del presupuesto ejecutado en 2021: recordemos que el año en curso no cuenta con un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.

El presupuesto vigente para programas sociales para el año en curso es de $322.602, un 42,4% superior a lo utilizado en 2021 tras un IPC del 50% y cuando en el propio proyecto de Presupuesto 2023 el gobierno proyecta culminar el año con una inflación del 95%; el doble. Así, cuando el proyecto oficial plantea llevar este monto en 2023 a $590.982 millones, una actualización del 83,2%, estamos ante un recorte y no ante una expansión del gasto.

Esto se vive a diario con el bloqueo del acceso a los programas sociales, que impulsa el gobierno, y con el ajuste practicado en el salario mínimo, que condena a millones de trabajadores y jubilados a la indigencia. Además, debemos añadir que mientras los recursos reales nunca aumentaron en términos reales, lo que sí aumentó fue el número de beneficiarios, haciendo caer los recursos per cápita.

Para el caso de las políticas alimentarias la situación es más dramática. En 2021 se contó con un presupuesto de $244.789 millones, pasando a 330.761 millones en 2022 – un 35,12% de aumento contra una inflación prevista del 95%- y proyectándose $442.756 millones para 2023 -un aumento del 33,9%, incluso por debajo de la proyección oficial del 60%. Ajuste tras ajuste, año tras año.

Los recortes en las partidas alimentarias quedaron de manifiesto durante todo lo que va del año con el ajuste sobre los montos que se abona por medio de la Tarjeta Alimentar, cuyos aumentos parciales no compensan la inflación, y en la falta de entrega de los alimentos a los comedores populares. Así como en una oferta nutricional casi inexistente, priorizándose los productos más baratos y con mayor carga calórica.

Lejos de lo que intentan colocar algunos medios, las partidas sociales se encuentran ajustadas al programa económico del FMI, cuando más se requiere de una intervención inmediata para paliar el hambre y la pobreza.

Las organizaciones piqueteras volverán a manifestarse contra esta situación, por un programa inmediato para dar respuesta a las necesidades obreras y populares y para romper con el FMI y dar lugar a una recuperación económicas y la creación de trabajo genuino de la mano de un plan de salida de los trabajadores ante la crisis actual.

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