La vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó el monopolio estatal de los programas sociales, en la tónica de los recientes ataques mediáticos y patronales a las organizaciones piqueteras, con el propósito de liquidar la precaria asistencia económica del Estado y desmantelar el movimiento de desocupados que lucha contra el ajuste.

Las declaraciones de la vicepresidenta tuvieron lugar en un acto de la CTA de los Trabajadores, realizado en el distrito de Avellaneda, con la presencia del secretario general Hugo Yasky y el exintendente y actual ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. En breve, el presidente Alberto Fernández le salió al cruce, para recordarle el rol de las organizaciones sociales cooptadas en la contención de la crisis social; o sea para impedir que la lucha contra el hambre se lleve puesto al gobierno y al conjunto del régimen.

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Cristina descalificó el trabajo que realizan cientos de miles de trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo, en los comedores populares o realizando tareas de limpieza, desmalezamientos y otras actividades. Pero como nadie vive con 19.000 pesos quienes reciben planes además de la contraprestación realizan changas y trabajos no registrados que deben combinar con el programa social para subsistir.

El planteo de Cristina profundiza la orientación de La Cámpora y el kirchnerismo de colocar los programas sociales bajo la tutela de los gobernadores, intendentes y sus punteros políticos: una regimentación extrema que busca terminar con el movimiento piquetero y ampliar una mano de obra ultraprecarizada y la discrecionalidad de los barones del conurbano.

Tercerización de la asistencia

La diatriba de Cristina contra el movimiento piquetero y las organizaciones sociales omite lo fundamental, que la “tercerización de las políticas sociales y alimentarias” es resultado de una política de ajuste impulsada por el gobierno, los gobernadores e intendentes, a los que defiende la vicepresidenta.

Cristina ubica el surgimiento de los programas sociales en los ’90 neoliberales, pero no dice que cuando más crecieron fue en la última etapa, bajo el macrismo y el gobierno actual, como resultado de la destrucción del empleo y la extensión de la precarización laboral.

El movimiento piquetero combativo, por ejemplo, reclama por trabajo genuino y por el fin de la tercerización-precarización de la asistencia, por la vía de un seguro universal al desocupado que cubra la canasta básica de $100.000, que sea atribuido en cualquier dependencia de la Anses o Desarrollo Social con la mera constatación de la condición desempleo.

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Pero lo que ocurre en verdad es que el gobierno tiene cerrada la asistencia económica a millones de desocupados, y planchados, en niveles de indigencia, a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Además, se retacea la entrega de alimentos para los comedores populares, a los cuales solos se envía algunos alimentos secos.

El planteo de la vicepresidenta debería partir, justamente, de reorientar los recursos nacionales para financiar integralmente (alimentos frescos y secos, servicios, insumos y salarios) los comedores populares y/o garantizar el seguro universal al desocupado para que toda familia pueda llegar a fin de mes. Esto requiere de recursos económicos, los cuales son destinados al pago de la deuda externa, no del control de los intendentes y gobernadores ajustadores.

Tampoco es cierto que las organizaciones sociales y piqueteras dispongan de las altas y bajas a los programas sociales. Es el Estado el que realiza la baja de un plan si considera que el beneficiario no se encuentra contraprestando a alguna Unidad de Gestión, o que el beneficio es incompatible con alguna otra prestación o actividad.

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La mención demagógica a las mujeres trabajadoras tampoco puede ser pasada por alto. Cristina pertenece al gobierno que le niega un salario bajo convenio a las miles de mujeres trabajadoras que hacen funcionar los miles de comedores populares en todo el país, bancados con el esfuerzo colectivo de vecinos y trabajadores. Ponerlas bajo la tutela de un puntero del Estado es solo a los fines de estrechar la regimentación, no de emancipar a las mujeres explotadas.

El discurso de Cristina es para matar dos pájaros de un tiro, sumándose a la línea general de la burguesía que reclama por un disciplinamiento y absorción de los programas sociales, adhiriéndose a la proclama firmada por 16 gobernadores ajustadores y, de paso, golpeando en la interna del gobierno contra las organizaciones sociales integradas al Estado.

Cuando este y otros gobiernos se “propusieron” transformar los planes sociales en empleo, por ejemplo en la refacción de escuelas y establecimientos públicos, no compraron ni 20 litros de pintura y un rodillo.

Esta claro que la burguesía está discutiendo un curso de acción contra el movimiento piquetero que lucha contra el ajuste. El movimiento piquetero, a su vez, viene de resolver un programa y un plan de lucha para la etapa, para garantizar la asistencia a millones de desocupados y desocupadas que no consiguen un empleo genuino y que por ello se organizan para subsistir y pelear por un futuro mejor.

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