El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, confirmó que las universidades nacionales serán responsables de “auditar” el funcionamiento de los programas Potenciar Trabajo. Se trata de una política que busca ejercer una presión sobre los beneficiarios, intimándolos a que trabajen de forma precarizada y a hacer de puente con el pase a las intendencias y gobernaciones.

Lo anunciado por el ministro es una medida más que polémica, en medio de la conflictividad social creciente por el recorte en la asistencia económica a los desocupados y el cierra del acceso a millones de trabajadores que no cuentan con ingresos regulares y/o estables.

Esta iniciativa apunta contra las organizaciones sociales y piqueteras y no contra los intendentes y gobernadores que ya controlan importantes cantidades de trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo: ¿acaso los cooperativistas a cargo de Mayra Mendoza podrán denunciar los negocios de la intendencia de Quilmes ante la gestión de la Universidad Nacional de Quilmes?

Esta política se integra a la demanda de la vicepresidenta Cristina Kirchner de pasarle el control de los programas sociales a las intendencias y gobernaciones, por medio de presiones e intimidaciones a los beneficiarios, como ya ocurre con las intendencias, desde donde impulsan “campañas de miedo” para forzar los pases sobre informaciones falsas.

“A cada beneficiario la universidad le va a preguntar en qué unidad de gestión trabaja, cómo trabaja, de qué forma, si se cumple con las cuatro horas”, afirmó el ministro luego de reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur. A lo que el ministro de Educación, Jaime Perczyk, agregó que las universidades se encargarán de “relevar y certificar” la administración de los Potenciar Trabajo, armando unidades ejecutoras en cada una de ellas.

La medida, además de las consecuencias de extender un control discrecional en manos de las camarillas y gestiones universitarias, las cuales dependen de una u otra variante de los partidos ajustadores del régimen, implica un salto en la precarización laboral de las propias universidades.

De lo convenido entre los ministros no queda claro quién se hará cargo de la estructura de “auditoría permanente” de los 1.300.000 programas sociales: si se sumará personal ad-hoc de Desarrollo Social, presumiblemente tercerizado, o recaerá sobre el plantel saturado de las universidades.

El gobierno redobla su apuesta contra las organizaciones sociales y piqueteras cuando lo que se discute en el país no es el funcionamiento de las mismas sino las consecuencias del ajuste en el gasto público, la obra pública, la caída del empleo, la crisis económica y la miseria social.

Esta orientación es parte de una política más general contra las y los trabajadores desocupados, de criminalización de la protesta y la organización independiente y que se expresa en los allanamientos y ataques a los activistas y sus agrupaciones.

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