La renuncia de Guzmán agudizó un cuadro de crisis en el gobierno, que desencadenó en una inmediata suba de precios en todos los rubros. Ese nuevo escenario golpeó de lleno en las condiciones de vida de las familias trabajadoras, las más perjudicadas con el ajustazo en curso. Pero el desarrollo de esta situación política y social sigue aún acumulando elementos que -analistas políticos mediante- indican un malestar generalizado en la sociedad.
Las crisis económicas no ocurren recortadas de la realidad, no son noticias que trascienden en diarios, sino que están compuestas por varios elementos, y uno muy marcado es la movilización piquetera.
Al movimiento piquetero combativo se le suman las corrientes que hasta entonces no habían movilizado por los reclamos del sector. Nos referimos a las organizaciones oficialistas y cercanas al gobierno. Que se ven presionadas por sus bases a salir a pelear.
Es indudable el protagonismo que están tomando las organizaciones territoriales en este panorama.
El pasado jueves 14, la Unidad Piquetera realizó una jornada nacional de lucha, que comenzó luego de una represión en la provincia de Santiago del Estero, donde fue detenido y “deportado” el dirigente del Polo Obrero Sebastián Godoy.
La jornada con epicentro en la Plaza de Mayo reunió más de 80 mil compañerxs que reclamamos un ingreso de refuerzo para jubilados que cobran la mínima, monotributistas A y B, y el Potenciar Trabajo. La dirección de la Unidad Piquetera se dirigió al Ministerio de Economía para pedir una audiencia con la ministra Silvina Batakis, ya que en la misma semana se había enviado una nota de pedido de reunión. La respuesta de Economía fue que seremos atendidos el jueves 21 de julio por funcionarios de la cartera.
La jornada del 14 fue saludada por una delegación de la dirección de Utep (que realizaba en Congreso un feriazo en reclamo de un salario básico universal de 14 mil pesos) y por dirigentes del Frente de Lucha “Bloque”. Una actitud de relevancia política de la Utep, ya que son organizaciones que apoyan al gobierno y se encuentran en una encrucijada porque su orientación choca de frente contra la realidad.
Un cuadro convulsivo que aún no estalla
En este marco se impulsa una campaña de persecución judicial contra quienes luchamos contra el hambre. El punto más evidente de esta campaña de todo el arco político fue aquel discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la CTA, que tras sus declaraciones estigmatizantes contras las organizaciones sociales, empoderó a jueces antipiqueteros para reabrir causas contra organizaciones y dirigentes sociales -como el caso de los allanamientos a la CCC-, en menos de diez días hubieron 30 allanamientos, con epicentro en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, quien se encuentra a la vanguardia de la campaña de persecución.
Desde el Polo Obrero entendemos que se abre paso la necesidad de construir un frente único contra el ajustazo en curso que golpea de lleno a lxs trabajadores. En función de ello planteamos en la reunión del Unidad Piquetera y la Utep un programa de 6 puntos: 1) bono de 20.000 pesos, 2) plan de obras públicas y un millón de viviendas populares para generar puestos genuinos de trabajo, 3) universalización de los planes sociales, 4) salario mínimo de 100 mil pesos, 5) no a la criminalización de los que luchan y 6) abajo el ajuste de Batakis y el FMI.
Es fundamental mantener la independencia política de las distintas fracciones del gobierno que pretenden que las organizaciones de los trabajadores sean funcionales a su propia pelea. Exigimos a las centrales un paro nacional y un plan de lucha que derrote el ajuste, y la unidad de ocupados y desocupados, defendiendo las reivindicaciones, y en esa materia logremos arrancar nuevas conquistas para lxs compañerxs que están en las barriadas.
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