El Plenario nacional de la CTA del 20 de junio en Avellaneda, en el cual Cristina Kirchner atacó al movimiento piquetero y lanzó su campaña para colocar a los punteros y gobernadores pejotistas nuevamente al control de la manipulación de los planes sociales, fue un salto en calidad en el papel de agente del gobierno contra el movimiento obrero de la CTA kirchnerista que lidera Hugo Yasky.

El traslado físico de esta tarea patronal –además de su alineamiento detrás de la campaña de persecución y represión al movimiento piquetero- no tardó en concretarse. Efectivamente, acaba de sustanciarse en un acuerdo firmado por Baradel y la CTA de Buenos Aires con el gobernador Kicillof, consistente en que el “Frente Barrial de la CTA”, un aparato inexistente en la vida de los barrios obreros, implementará “proyectos reurbanización que se desarrollarán en barrios populares de los distritos de San Nicolás, Olavarría, Chivilcoy, General Madariaga, Carmen de Patagones, Berisso, Tres de Febrero y La Plata” (Infogremiales, 1/07). El financiamiento de este caballo de troya contra las cooperativas y organizaciones del movimiento piquetero independiente, contará con un presupuesto inicial de 120 millones de pesos.

La iniciativa no fue votada en ninguna asamblea barrial, ni fue el resultado de la lucha inclaudicable de organizaciones como el Polo Obrero o la Unidad Piquetera. Salió de la “lapicera” de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Romina Barrios, que, al anunciar esta avanzada contra los trabajadores desocupados que son los que sostienen con sus comedores y sus cuadrillas las necesidades básicas y los emprendimientos en los barrios, habló de su política de “fortalecimiento del trabajo cooperativo” ( ídem).

La presentación de este plan de regimentación de los barrios obreros tuvo un marco ceremonial destacado, en el auditorio del Opisu, y contó también con la presencia de la senadora provincial, María Reigada; la diputada nacional Constanza Alonso; la diputada provincial Lucía Iañez; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo del Consejo de Coordinación con el Sistema Universitario, Juan Brardinelli, entre otras autoridades y representantes del Frente Barrial de la CTA, además del ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; el jefe de Asesores del gobernador, Carlos Bianco y el secretario general de la CTA Provincia, Roberto Baradel.

El marco de este despliegue es, sin embargo, más vasto, porque ya integra iniciativas en 29 distritos, “que tienen que ver con la integración social, productiva y urbana de los sectores más postergados”. Es parte, también, de negociados, en los que “cooperativas” de la burocracia celeste asumen obras en escuelas y establecimientos, bajo condiciones laborales de absoluta precariedad, actuando también como cuña contra los derechos laborales y de salario de trabajadores municipales y provinciales.

El movimiento obrero combativo, ocupado y desocupado, debe repudiar esta puesta de la CTA y de sus sindicatos de parte de la burocracia yaskysta, al servicio de atacar al movimiento de trabajadores que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra el ajuste fondomonetarista de los Fernández y Kicillof, que reprime a la protesta social y criminaliza a los dirigentes que la representan.

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