En el articulado del decreto que instituye el “dólar soja” para los exportadores, el gobierno nacional incorporó un refuerzo trimestral para indigentes sin ingresos regulares que no alcanza siquiera al Salario Básico Universal de miseria propuesto por Grabois y el kirchnerismo. Una medida con fecha de vencimiento y un “universo” limitado de beneficiarios. El ingreso de temporada vendría de la mano del aumento de los precios de los alimentos producida para el beneficio cambiario para los exportadores.
Se trata de la misma iniciativa por la cual Juan Grabois y el Frente Patria Grande decidieron permanecer en el bloque de Diputados del Frente de todos, a pesar de que se trata de una versión ultralimitada de su ya devaluado planteo de un SBU. Una capitulación ante una política que se asimila a los bonos esporádicos del gobierno.
Según Grabois la base del cálculo para el alcance del refuerzo es la cantidad de personas indigentes medidas por el Indec, las cuales ascienden a 2.100.000. Sin embargo, el decreto excluye a quienes ya cobran alguna prestación o programa del Estado, aún a pesar de seguir en la indigencia.
Esto se debe a que del 1.300.000 beneficiarios de los programas sociales la casi totalidad cobra un importe igual a la mitad del salario mínimo, unos escasos $25.600, monto que se encuentra por debajo de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo, que asciende a $49.466.
Desde las organizaciones afines al gobierno toman como referencia la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, en $16.000, lo que estrecha aún más el universo de beneficiarios, muy lejos de los 2 millones que anuncian y de los 7 millones que ellos mismos estiman para su proyecto de SBU.
Si bien el monto del refuerzo no se encuentra explicitado en la normativa, las organizaciones sociales afines al gobierno calculan que podría rondar en los $16.000. De aplicarse a la “totalidad” de los indigentes –dudoso por lo antes señalado- implicaría un gasto de $100 mil millones (menos de la mitad de los últimos recortes presupuestarios), contra una liquidación de granos comprometida que el gobierno calcula en 5.000 mil millones dólares o su equivalente en dólar soja… un billón de pesos.
La medida es polémica porque se encuentra atada a la prosperidad del desdoblamiento cambiario para los exportadores de soja, lo que, además de vincular la asistencia social al agronegocio, alienta una medida con consecuencias negativas directas sobre la mesa de las familias obreras.
El dólar soja promete acentuar las subas en los alimentos en el mercado interno por el encarecimiento del arrendamiento en los campos y por la participación de la soja en la alimentación del ganado.
Pasado diciembre se habrá acabado la asistencia condicional y limitada de temporada, y la indigencia “volverá” agravada por las remarcaciones de precios y la disparada en los alimentos y la inflación.
Lo paradójico es que Grabois respalde esta medida como un paso progresivo, cuando choca de lleno con la agricultura familiar y cooperativista y la agroecología que dice defender. Estamos ante una iniciativa a la medida de los sojeros, que encarece la tierra, favoreciendo el monocultivo, los agrotóxicos y la quema de terrenos.
Se trata de una medida amañada y propagandística, que busca respaldar la orientación patronal y en favor de los especuladores que el gobierno desenvuelve para con los sectores capitalistas. Todo este andamiaje está montado para cumplir con las metas del FMI a costa de mayor pobreza y un ataque a fondo a las condiciones de vida de los trabajadores.
La lucha contra la pobreza y la indigencia se expresa en el acampe de cientos de jóvenes contra las bajas masivas al Potenciar Trabajo y en la jornada de lucha del próximo jueves 8, por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos y bono compensatorio.
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